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El PP sabotea la Conferencia de Presidentes con una agenda inabarcable en vísperas de la protesta contra “la mafia”

La concentración del domingo condiciona la cita del viernes en Barcelona, que llega caldeada por una amenaza de plante de los populares

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene ante los periodistas en Fontellas, Navarra, este martes.Foto: Eduardo Sanz (Europa Press) | Vídeo: EPV

Los barones del PP se sentarán este viernes en Barcelona con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo dos días antes de acudir a una manifestación convocada por Génova contra “la mafia”, cuyo “capo”, según el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, es el líder socialista. Esa contradicción incomoda a algunos territorios del PP, que se quejan en privado de que la dirección del PP haya cometido el “error estratégico” de situar la fecha de la protesta tan próxima a la Conferencia de Presidentes. La movilización de Feijóo contra el Gobierno condiciona la reunión de los presidentes autonómicos con el Ejecutivo, que se celebra en la víspera en un ambiente muy caldeado tras la amenaza de plante de los populares. La Moncloa cedió ayer ante el PP para salvar la reunión e incluyó todas sus reclamaciones en el orden del día, lo que resulta en una agenda inabarcable de 14 puntos que dificulta la operatividad de la Conferencia, abocada en un clima de máxima crispación a terminar sin acuerdos.

Tras la amenaza de plante del PP, la Conferencia de Presidentes tratará el próximo viernes un extenso catálogo de asuntos sobre los que tendrán que discutir en Barcelona 19 líderes territoriales (17 presidentes autonómicos y los de las dos ciudades autónomas) y el presidente del Gobierno. A los seis puntos inicialmente previstos, que ya abarcaban temas de tanta complejidad como la vivienda, la inmigración, la energía, la financiación autonómica y las infraestructuras, el PP ha impuesto otros ocho, la mayoría derivadas de los primeros, como la “okupación y la inquiokupación” en el caso de la vivienda, o que el control de fronteras y la política migratoria sean “competencia exclusiva del Estado”. Los populares han forzado incluso que se hable de materias que nada tienen que ver con la política autonómica, como “la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal”.

El Gobierno ha cedido a todo lo que ha pedido el PP porque quería salvar la Conferencia ante la insólita amenaza de boicot del PP. Hasta ahora solo los independentistas catalanes y vascos habían dejado la silla vacía en este órgano de coordinación entre istraciones, que preside el Rey. Pero el Ejecutivo se queja de las “excusas” del PP y de lo poco operativo que es incluir tantos asuntos, mientras otros presidentes autonómicos, como la socialista María Chivite, han llamado a la reflexión al PP por “dinamitar espacios de diálogo”.

En la estrategia del sabotaje ha estado plenamente implicada la dirección nacional del PP, con su líder a la cabeza, Alberto Núñez Feijóo. De gira por España en su campaña de candidato a liderar el partido en el próximo mes de julio, Feijóo ha subido esta semana al máximo los decibelios contra el Gobierno. Este martes llegó a defender ayer que la Conferencia estaba “ilegalmente convocada” si no se asumían todas las exigencias de sus barones, y avaló el desafío institucional en caso de que el Gobierno no cediera.

El coro de voces del PP siguió la misma línea discursiva de máxima dureza, incluidos barones de línea moderada. “Si Sánchez cree que íbamos a decir sí, bwana, se equivoca, porque para eso ya tiene una corte de palmeros en su propio partido”, había avisado por la mañana el portavoz parlamentario, Miguel Tellado. Por la tarde, en un acto con simpatizantes en Logroño, Feijóo sacó pecho de haber “doblado el brazo” al Gobierno. “Nos querían callados, pero nos tendrán exigentes”, avisó el líder popular, que afronta críticas de Vox por “blanquear” a Sánchez porque sus presidentes sí participarán al final en la reunión.

La manifestación del PP contra “la mafia” el domingo en Madrid condiciona a los populares, a los que no interesa una fotografía de normalidad institucional con Sánchez 48 horas antes de manifestarse en su contra. Aunque el PP va a fletar autobuses desde todas partes del país, en algunos foros populares inquieta la asistencia a la protesta en un fin de semana de buen tiempo tras una primavera muy lluviosa. Por eso era importante caldear al máximo el ambiente para movilizar las filas.

Algunos barones populares reconocen en privado haber sido ajenos a la estrategia del plante y ponen en duda haberlo secundado en caso de choque total. “Yo al Rey no lo planto”, dice uno de ellos, que se felicita de que “el Gobierno ha actuado bien” asumiendo las reclamaciones del PP. El clima previo en todo caso augura muy pocos acuerdos.

Sánchez decidió que la Conferencia se celebrara en Barcelona porque tiene una gran potencia simbólica. Después de la cita de Santander, en la que no hubo ningún acuerdo aunque sí una especie de minitregua política, con un tono de los barones del PP mucho menos agresivo del que tiene su partido en el Congreso de los Diputados o el Senado, el Gobierno ya sabe que llegar a acuerdos con la formación de Feijóo va a ser muy difícil. Pero el interés principal de la cita, para el Gobierno, no es solo el contenido, y hablar de temas que afectan a los ciudadanos y de la gestión de las autonomías, sino el continente: la foto de todo el poder político español concentrado en Barcelona con el jefe del Estado, y con un president socialista como anfitrión, Salvador Illa, es muy simbólica casi ocho años después del procés. Esa fotografía de normalidad institucional en Barcelona, epicentro de la crisis independentista, es para Sánchez más potente que cualquier acuerdo que cada vez es más difícil con el PP.

El Gobierno intenta por todos los medios que la agenda política salga del foco sobre las cloacas y la guerra de grabaciones de los últimos días. La Moncloa diseña cada martes un plan para intentar vender su gestión, sus buenos datos económicos, pero el foco mediático está en otro lado. Este martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, arrancó con los datos del paro, los más bajos en 17 años, y el récord de ocupados, que ya se acercan a los 22 millones. Y después dos ministras, la de Ciencia, Diana Morant, y la de Sanidad, Mónica García, desgranaron medidas importantes de sus departamentos. Morant además defendió que la conferencia de presidentes debería centrarse en la financiación de las universidades públicas, como reclama el Ejecutivo, porque es un asunto que preocupa a millones de alumnos y de padres. Las públicas están tan infrafinanciadas, especialmente en las comunidades del PP, según explicó, que las notes de corte están subiendo sin límite y ya un alumno brillante que saque un 13 no puede estudiar medicina en la pública porque necesita más, por eso hay padres que se están endeudando para pagarle una privada. Las plazas públicas han subido un 2% y las privadas un 110%, explicó la ministra. El Gobierno trata de centrar en estas cuestiones de gestión el debate público, pero no lo consigue porque las cuestiones judiciales, las denuncias cruzadas, la guerra de grabaciones y la lentitud del PSOE a la hora de tomar una decisión sobre la militante implicada en algunas maniobras contra la cúpula de la UCO dominan la agenda mediática y política.

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