Interior mantiene la compra de chalecos antibalas a la empresa israelí del polémico contrato de munición

Balas, no; chalecos antibalas, sí. El Ministerio del Interior seguirá adelante con la adquisición de cerca de medio millar de placas balísticas de “alto nivel de protección” para reforzar la equipación individual de guardias civiles que ha adjudicado recientemente a la empresa israelí Guardian Homeland Security, la misma con la que el departamento de Fernando Grande-Marlaska había firmado el contrato de 6,6 millones de euros para suministrar 15 millones de balas que será rescindido “de forma unilateral” por decisión de Pedro Sánchez tras constatar que la polémica compra ponía en riesgo la coalición del Gobierno. Un portavoz del departamento de Fernando Grande-Marlaska justifica la decisión en que estas placas, al contrario que la munición, “no se consideran armamento” sino “material de protección para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, por lo que no les afecta el veto contra el material de defensa procedente de este país anunciado este jueves por el Palacio de La Moncloa. Esta misma fuente defiende que este criterio es compartido por el conjunto del Gobierno.

El concurso para la licitación de este refuerzo para los chalecos antibalas se inició en septiembre de 2024, casi un año después de que comenzara la guerra en la Franja de Gaza y cinco meses más tarde de que Sánchez asegurara en el pleno del Congreso, a preguntas del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que “desde el 7 de octubre, España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel, ninguna”. Según la memoria justificativa del concurso, Interior pretendía inicialmente adquirir al menos 320 placas balísticas nivel IV y 117 chalecos antibalas de alta flotabilidad para agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para dar cumplimiento a la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que, en 2022, puso en marcha el Plan Especial de Seguridad 2022-2023 para el Campo de Gibraltar.

Desde que el departamento de Fernando Grande-Marlaska activó este operativo, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han reforzado la seguridad de sus agentes con diverso material como chalecos antibalas o escudos balísticos con capacidad para resistir el impacto de proyectiles de calibre 7,62 milímetros disparados a tan solo 15 metros de distancia tras constatar que las organizaciones de narcotraficantes y el terrorismo yihadista utilizan cada vez con más frecuencia armas de guerra, de mayor potencia que las pistolas y revólveres que usaban de modo habitual hasta hace poco.

En diciembre pasado, el equipo de Grande-Marlaska acordó dejar desierto la parte del concurso para adquirir los chalecos antibalas de alta flotabilidad tras constatar que no se había recibido “ninguna oferta o proposición que sea isible” para suministrar este material, en el que se iban a destinar cerca de 205.000 euros. Dos meses después, en febrero, sí adjudicaba el segundo lote, el correspondiente a las placas balísticas de alta resistencia, por un precio final de 320.000 euros, IVA incluido a la empresa israelí Guardian Homeland Security al considerar que esta cumplía “con los requisitos técnicos y necesidades planteadas en los pliegos que regulan la licitación”, según consta en la documentación del expediente de público en la Plataforma de Contratación del Estado.

La decisión se retrasó inicialmente porque la oferta israelí presentaba una “baja desproporcionada o anormal” ya que planteaba entregar por el mismo importe muchas más placas de las que recogía la licitación: 463 frente a 320. Tras presentar la compañía diversa documentación complementaria, finalmente Interior aceptó la propuesta. El pasado 10 de abril, el número dos de Interior, Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, firmó el contrato con el único de la compañía israelí y fijó un plazo máximo de cinco meses para la entrega del material. El acuerdo fue publicado seis días más tarde en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Guardian Homeland Security no era antes del contrato de la munición ahora rescindido o del de las placas balísticas que sigue en vigor una empresa desconocida para Interior. Esta compañía israelí había ganado en octubre de 2020 ―cuando aún faltaban tres años para que estallase la guerra en la Franja de Gaza― un concurso para suministrar a la Guardia Civil 9.216 pistolas. La compra de aquellas pistolas, denominadas Ramon, también se vio envuelta entonces en la polémica después de que asociaciones profesionales de guardias civiles se quejaran de que el arma, que se empezó a distribuir en las unidades en 2021, diera supuestamente problemas al dispararse ya que se encasquillaba más frecuentemente que el modelo al que iban a sustituir.

La compañía israelí siempre negó las críticas y achacó entonces los problemas a la munición de 9 milímetros que entonces usaba la Guardia Civil y que era de otros fabricantes. Interior itió en enero de 2023 en una respuesta parlamentaria que 87 de estas armas habían sufrido sufrido incidencias durante ejercicios de tiro, por lo que había solicitado al fabricante una actualización de las piezas para mejorar el comportamiento de las pistolas. “Los agentes las tienen en la actualidad de dotación y no han vuelto a dar problemas”, afirmaban a este diario el pasado miércoles una fuente de la Dirección General de la Guardia Civil.