Al Congreso le quedan dos meses para salvar la ley integral trans

El Congreso de Colombia tiene una oportunidad de oro para reaccionar al transfeminicidio de Sara Millerey, la mujer de 32 años que murió ahogada en una quebrada de Bello, Antioquia, luego de que sus agresores le fracturaran los brazos y las piernas. En sus manos está evitar que naufrague el proyecto de ley integral trans, que fue radicado hace casi un año. En los dos meses que restan de la legislatura, que finaliza el 20 de junio, la Cámara de Representantes deberá aprobarlo en por lo menos uno de sus cuatro debates para evitar que se archive. Se espera que eso ocurra después de la audiencia pública que se realizó este jueves y del crimen que conmocionó a un país adormecido frente a la transfobia.

El proyecto, considerado uno de los más robustos en el mundo, plantea medidas para proteger los derechos de personas trans y no binarias. Propone desde generar información estadística sobre una población históricamente invisibilizada, hasta establecer sanciones cuando exista discriminación por parte de servidores públicos en un país donde los prejuicios y barreras se han impuesto desde el propio Estado. En su componente más amplio, el de igualdad de derechos, detalla políticas para reconocer la identidad de género, como facilitar la corrección de sexo y nombre en el registro civil incluyendo las opciones de no binario (NB) y trans o travesti (T); asegurar el y permanencia en el sistema educativo, o eliminar de obstáculos en la salud y el trabajo. “No solo queremos que no nos maten en una esquina, sino vivir dignamente”, dice Ian Arias, integrante de la plataforma que construyó la iniciativa.

Colombia ha dado pasos significativos en la protección de los derechos de la población trans, principalmente gracias a la Corte Constitucional. El tribunal ha ordenado, por ejemplo, la inclusión del marcador “no binario” en la cédula de ciudadanía, ha protegido el derecho a acceder a servicios de salud para la reafirmación de género y los derechos de una mujer trans a quien no llamaban por su nombre identitario en su trabajo.

Esos avances no han sido suficientes para frenar la discriminación. Lina Quevedo, hombre trans y vocero del movimiento que impulsa la ley, precisa que quieren hacer cumplir esos derechos ya reconocidos. “El debate no se debe dar en que hay que otorgarles derechos humanos a las personas trans, sino en cómo se les garantiza a una población que ha estado desprotegida, a la cual el Estado no le ha podido responder; cuáles son los mecanismos para permitir una vida digna”, enfatiza.

La estigmatización permea todos los espacios: el salón de clases, el lugar de trabajo, hasta los hospitales. Arias explica algunas de las complejidades en el a la salud. “Muchos servicios y tratamientos se restringen porque están generizados y es necesario actualizar los sistemas de información que permitan el . No hablo de hormonas ni cirugías, sino por ejemplo del examen de la próstata, que puedan ser habilitados para las mujeres trans cuando han cambiado su componente sexo en los documentos de identidad”, señala. Y reclama acompañamiento psicosocial. “El deterioro de la salud mental es el resultado del contexto violento que niega la posibilidad de ser diferente”, indica.

La segregación también mata. El Observatorio de Derechos Humanos de la oenegé Caribe Afirmativo ha registrado, en lo corrido del año, 32 asesinatos de personas LGBTIQ+ en los que hay indicios de que fueron víctimas por su orientación sexual o identidad de género. 15 de ellos fueron de personas con experiencias de vida trans. Son actos de violencia motivados en ideas discriminatorias, “cuando se escoge a la víctima por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género que transgrede lo socialmente aceptado”, como especifica el proyecto de ley. Les asesinan a puerta cerrada o a plena luz del día, como a Sara Millerey.

El representante a la Cámara por el oficialista Pacto Histórico, Gabriel Becerra, coordinador de ponentes del proyecto, es optimista frente a la posible aprobación en el primer debate. Lo tramita la comisión primera de la Cámara de Representantes, la misma que aprobó recientemente el proyecto “Quiérele siempre porque no hay nada que curar”, que busca erradicar las mal denominadas prácticas de conversión, como exorcismos o electrochoques, para intentar cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas. Pero el camino que sigue no será fácil. Si avanza el proyecto deberá ser aprobado eventualmente por el Senado de la República, de mayorías más de derecha. “Para nadie es una sorpresa el ambiente conservador que hay en el Congreso”, apunta Becerra.

La comunidad trans ha enfrentado una narrativa hostil, con frecuencia basada en información falsa. El ejemplo más reciente ocurrió en septiembre pasado cuando grupos antiderechos difundieron que el Gobierno de Gustavo Petro pretendía promover cirugías de cambio de sexo y terapias hormonales para menores de edad. En realidad, la Superintendencia de Salud había emitido una circular que recuerda a clínicas y hospitales sus obligaciones para garantizar los derechos de la población trans. El documento citaba múltiples sentencias de la Corte, como la que protegió los derechos de un joven trans de 16 años, a quien le violaron derechos fundamentales al obligarlo a esperar la mayoría de edad para acceder a tratamiento hormonal.

En los sectores más moderados del Congreso, los promotores del proyecto han encontrado apertura en abordar una discusión hasta ahora esquiva. La iniciativa podría llevar el nombre de Sara Millerey, según Becerra, como un homenaje y un recordatorio: que no haga falta otro asesinato para demostrar que toda vida importa. “Esperamos que el proyecto genere conciencia. Es una oportunidad del Congreso para garantizar los derechos de la población trans y no seguir siendo cómplices de la discriminación tan grande que existe”, subraya el congresista.

“Hay que abrir una conversación pública de una sociedad que tiene que mirarse a sí misma para responderse por qué somete a la deshumanización y al exterminio a personas por no cumplir determinados mandatos tradicionales como roles de género, formas de expresión y de llevar el cuerpo”, concluye Arias.