Golpeados y privados de comida: dos casos de esclavización infantil alertan a Chile

En la última semana se han conocido dos casos de esclavización y tratos degradantes a menores de edad en Chile. El último se trata de un niño de 13 años, cuya madrastra ha sido formalizada por graves maltratos y homicidio frustrado en Iquique, el norte del país. La otra víctima es una niña boliviana, de ocho años, que fue vendida por su abuela a una familia de la misma nacionalidad por 350.000 pesos (US$ 353) y fue trasladada a un asentamiento ilegal en el municipio de Rengo, en la región de O’ Higgins, en la zona central, para realizar trabajos de servidumbre. Entre los detenidos por el Ministerio Público figura la abuela de la menor, acusada de trata de personas con fines de servidumbre. El estudio Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia 2025, realizado por la Defensoría de la Niñez, investigó sobre delitos de tortura, malos tratos, genocidio y lesa humanidad y concluyó que las situaciones de violencia contra los menores han aumentado un 40,5% entre 2021 y 2024.

La primera alerta se encendió a mediados del año pasado, cuando la niña boliviana acudió a una vecina de Rengo, que vio los golpes que recibía y, en algunas ocasiones, había alimentado a la menor. Ella la llevó a Santiago y llamó a Carabineros para realizar la denuncia. El fiscal jefe de Rengo, Osvaldo Yáñez, dijo en un reportaje de T13 que la víctima de esclavitud infantil fue sometida a duros castigos: “Se le privaba de comida, se le golpeaba o derechamente la tiraban a dormir a la intemperie”. La pequeña no tenía documento de identidad, no estaba escolarizada y todos los días debía levantarse a las cuatro de la mañana para barrer, limpiar y hacer las camas de la familia de origen boliviano que pagó por tenerla y que residía en una vivienda precaria a orillas del río Claro.

Desde julio de 2024 la niña reside en un hogar de menores, donde se encuentra bajo protección. El fiscal Yáñez reveló que la abuela visitó a la niña con la intención de llevársela para continuar con la explotación infantil. Luego, confesó que había vendido a su nieta. Según La Tercera, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile presentó en febrero una querella por el delito de trata de personas por el caso. El Ministerio Público ha identificado y detenido a algunos de los involucrados, entre ellos, a la abuela, actualmente en prisión preventiva.

Solo días después de que se conociera públicamente la historia el pasado miércoles, salió a la luz el caso de un menor de 13 años que vivía con su madrastra en Iquique. La mujer, de 51 años, no lo dejaba entrar a la casa, salvo para hacer aseo, lo dejaba durmiendo en el patio, no lo alimentaba y lo obligaba a hacer sus necesidades en bolsas o botellas, según relató el Ministerio Público en la audiencia del caso. Además, lo desescolarizó en agosto de 2024, por lo que lo mantuvo alejado de cualquier o con otros niños o adolescentes.

La imputada quedó bajo la tutela del menor luego de que denunció al padre biológico del niño por agresiones. Por una orden judicial, el hombre abandonó el hogar y se fue a vivir a Constitución, Región del Maule, en la zona central, y se comunicaba con su hijo solo por videollamada en presencia de la madrastra.

Una amiga de la imputada, que alquiló una habitación en el hogar de ésta, grabó y sacó fotos de las labores que el menor estaba obligado a realizar y fue testigo, junto a su hija de 13 años, de las agresiones físicas y verbales que sufría el menor. El pasado 4 de abril se realizó una denuncia por maltrato y la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio frustrado en carácter de reiterado -por acción y omisión- y de maltrato habitual y la envió a prisión preventiva. El Juzgado de Garantía de Iquique fijó 90 días de plazo para la investigación y debe determinar quién se hará cargo del cuidado del niño de 13 años. Según un preinforme del Servicio Médico Legal, el menor registra lesiones antiguas y recientes y su estado nutricional es bajo.

El informe presentado recientemente por la Defensoría de la Niñez revela un significativo aumento en la cantidad de menores de 18 años que son víctimas de delitos de tortura, malos tratos, genocidio y lesa humanidad. Las denuncias de víctimas ingresadas al Ministerio Público aumentaron de 414 en 2021 a 582 en 2024, sumando un total de 2.030 en ese periodo. De ellas, 1.727 corresponden a víctimas hombres (85%) y 303 mujeres (15%). En cuanto al trabajo infantil, la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) de 2023 arroja que un 15,5% de los menores se encuentra en dicha situación.