La justicia chilena ordena arresto domiciliario para la diputada exfrenteamplista Catalina Pérez

El Juzgado de Garantía de Antofagasta ha ordenado este lunes el arresto domicilio total y arraigo nacional de la diputada Catalina Pérez, exmilitante del Frente Amplio, el partido del presidente Gabriel Boric, formalizada por tres delitos de fraude al fisco. Pérez está siendo investigada por su papel en el escándalo de Democracia Viva, la primera fundación implicada en el caso Convenios, una trama de desvíos de recursos públicos vía trato directo a fundaciones privadas. La diputada, desaforada el pasado febrero por la Corte Suprema, defiende su inocencia y su desconocimiento en el traspaso de fondos a la fundación dirigida por su entonces pareja, Daniel Andrade.

Democracia Viva recibió en 2022 unos 530.000 dólares para ejecutar proyectos en campamentos de la región norteña, provenientes de la secretaría de Vivienda (seremi) de Antofagasta, organismo estatal que era liderado por Carlos Contreras, quien fue jefe de Gabinete de Pérez por Antofagasta. Tanto la diputada, como Andrade y Contreras eran militantes de Revolución Democrática, un partido que se fusionó con Convergencia Social para formar el Frente Amplio. Andrade y Contreras ya están formalizados; el primero se encuentra con arresto domiciliario y el segundo en prisión preventiva. La indagatoria apunta que Pérez intercedió para que la fundación de su entonces pareja se adjudicara los fondos públicos, violando el principio de probidad istrativa. El tribunal sostiene que hay antecedentes suficientes de tres delitos de fraude al fisco y “la calidad de autora de la diputada en estos”, según el fiscal Cristian Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta.

La jueza Claudia Campusano fijó este lunes 45 días de plazo para culminar la investigación y afirmó que el Ministerio Público el Ministerio Público dio a conocer conversaciones en WhatsApp de la imputada que develan una actitud “bastante cuestionable” y que “da instrucciones y está dispuesta a falsear mucha información” sobre la supuesta oficina en que la fundación decía operar.

Cuando estalló el caso, en junio de 2023, la diputada defendió que no tenía “absolutamente ningún conocimiento” sobre la firma del convenio. Posteriormente, en unos chats filtrados por T13 entre Pérez y Andrade, ocurrido días después de que se conociera el escándalo, la parlamentaria le dijo que había que ponerle un logotipo de Democracia Viva en la puerta de la dirección que figuraba como sede de la fundación: “que haya una oficina habilitada dentro de la casa, cosas así. Para que cuando golpeen la puerta alguien abra y diga que sí, que ahí trabaja la fundación”. “Es importante que nosotros reforcemos que tú no sabías”, apunta Andrade en otra conversación con su expareja.

La Contraloría General de la República constató que los convenios fueron de manera directa y que no existió un proceso formal para seleccionar la fundación ni se documentaron los fundamentos para haberla designado. El fiscal Aguilar ha sostenido que Catalina Pérez propició que Daniel Andrade postulara al programa de inversión y lo asistió para que pudiera adjudicarse fondos fiscales “en conocimiento que ni Democracia Viva ni Daniel Andrade tenían experiencia ni experticia en materias de habilitación primaria, de modo que no se podrían ejecutar los tratos fiscales a tenor de los convenios”.

El abogado querellante del caso, Pablo Toloza, había asegurado esta mañana que existían “antecedentes que fundan” la formalización de Pérez y la prisión preventiva, que fue desestimada. “Hay una participación hasta esta etapa procesal de la diputada Catalina Pérez, tanto antes de que se diera inicio al convenio, durante la suscripción del convenio y posterior de que se da a conocer”, dijo antes de conocer la orden de la jueza.