El Gobierno aplaza por el apagón el envío al Parlamento de la reducción de jornada a 37,5 horas

El Ministerio de Trabajo inició la senda institucional para reducir la jornada laboral el 25 de enero de 2024, hace 15 meses. Entonces reunió por primera vez a sindicatos y patronales para intentar alcanzar un acuerdo con el que cumplir la principal promesa electoral del Gobierno de coalición, reducir la jornada laboral ordinaria máxima de 40 a 37 horas y media. Este martes estaba previsto que el gabinete diera un paso más, con el que terminara la fase que compete al Ejecutivo y se iniciara la legislativa. El Consejo de Ministros iba a aprobar hoy enviar el proyecto de reducción de jornada al Congreso de los Diputados. Finalmente, el Ministerio de Trabajo confirma que la reducción de jornada se tratará en el Consejo de Ministros de la próxima semana.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que el Gobierno daría este paso la semana pasada, en la clausura del Congreso de CC OO Industria. En principio, el Gobierno verá la semana que viene este proyecto de ley en segunda vuelta, ya con la incorporación de los dictámenes preceptivos y consultivos, y lo aprobará y enviará al Congreso de los Diputados para que inicie así su tramitación parlamentaria.

El texto que llegará al Parlamento es fruto del acuerdo del Ministerio de Trabajo con los sindicatos, en el que no participaron los empresarios. Tras meses de negociaciones, primero de centrales y patronales por su cuenta y después junto al Gobierno, Díaz selló el acuerdo con CC OO y UGT. Lo presentaron el 20 de diciembre, hace cuatro meses.

Tras un tira y afloja entre Economía y Trabajo, el anteproyecto de ley se aprobó en Consejo de Ministros en primera ronda el 4 de febrero y volverá al mismo casi dos meses después, antes de someterse al examen del Congreso de los Diputados. Dando por sentado el apoyo de los partidos de izquierdas y del PNV, el voto clave es el de Junts, que en una comisión reciente en el Parlamento dijo a Díaz: “Nosotros tampoco [como la patronal] avalamos ahora mismo este proyecto de ley”.

El ministerio da este paso cerca del Primero de Mayo, días después de que los sindicatos metieran prisa a Díaz. “Queremos decirle al Gobierno que tiene que tramitar esto. Que se haya quitado el foco público de la reducción de jornada no es óbice para que no seamos exigentes. Hay que correr”, dijo Unai Sordo, líder de CC OO. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, agregó: “Hay que dar paso al proceso legislativo. No tiene sentido que continúe paralizado”.

Cuando Díaz anunció que la reducción de jornada volvería al Consejo de Ministros, CEOE expresó “su más profundo rechazo” en un comunicado, en lo que catalogó como “evidente oportunismo político”, dada la cercanía del Primero de Mayo. La principal patronal española advirtió del “grave impacto” que la aprobación de esta norma “va a tener sobre la actividad económica y, precisamente, el empleo, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas y en algunos sectores de este país”.

Incluye la reforma del control horario

La reducción de jornada máxima legal, desde las 40 horas semanales de la actualidad hasta las 37,5 horas, llevará de la mano la reforma del control horario para que este sea “objetivo, fiable, accesible e interoperable”. Esto significa que las jornadas no podrán registrarse en papel y tendrán que contabilizarse digitalmente de forma obligatoria. Además, el sistema deberá de ser accesible en todo momento para la Inspección de Trabajo. El proyecto de ley recoge también el derecho a la desconexión digital.

Además, otra cuestión que incluye la norma es el endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada. En concreto, la iniciativa recoge que habrá una infracción por cada persona trabajadora afectada (en lugar de que la sanción sea por empresa como actualmente) cuando no exista registro o los datos sean falseados, lo que elevará muchísimo los castigos.

Una vez se apruebe en el Parlamento, y si a su paso por las Cámaras el texto no cambia su calendario de implantación, las empresas tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias en sus convenios colectivos.

El anteproyecto de ley fue visto en primera vuelta en el Consejo de Ministros del 4 de febrero, tras lo que ha superado diferentes trámites, entre ellos, el del Consejo Económico y Social (CES) que, aunque reconoció su relevancia social y apostó por avanzar en ese objetivo, consideró que su impacto económico está “insuficientemente fundamentado e incompleto”.