Hacienda abre una consulta pública sobre la condonación de la deuda autonómica

La propuesta de quita de parte de la deuda autonómica vuelve a la palestra después de semanas de silencio. El Ministerio de Hacienda ha publicado este miércoles un documento para someter a consulta pública previa el anteproyecto de ley con el que pretende abordar la quita, con el objetivo de recabar la “opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma”, una medida que define como “excepcional, puntual y no recurrente”. La quita, acordada entre PSOE y ERC y ofrecida a todas las comunidades de régimen común, tendrá que pasar después por el Congreso, en una votación que se antoja complicada con el actual reparto de escaños.

El documento precisa que las observaciones —hay un campo para comentarios y otro para adjuntar documentación— se podrán presentar entre el 15 y el 30 de mayo y resume las razones por las cuales el Gobierno propone perdonar parte de la deuda a las comunidades, además de los “problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma”. La apertura de plazos de consulta pública es habitual antes de aprobar normas. Distinto es el caso de la consulta que el Ministerio de Economía ha lanzado hace una semana para que todos los ciudadanos manifiesten su posición respecto a la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, pues se trata de una operación empresarial y no de una materia sobre la cual tenga que legislar el Congreso.

La cifra de condonación puesta sobre la mesa por el departamento dirigido por la vicepresidenta María Jesús Montero supera los 83.000 millones de euros, equivalentes a cerca de un 25% del pasivo total que adeudan las comunidades —excluidas Navarra y País Vasco, que no se incluyen en la propuesta de quita por tener un sistema distinto de financiación al resto— y que acabaría asumiendo el Estado.

El texto que abre paso a la consulta argumenta que el crac financiero de 2008 y la sucesiva crisis de la deuda soberana causaron un sobreendeudamiento para las autonomías —aunque la situación hoy en día es muy distinta por territorios—, y presenta la quita como una vía para reducir el gasto por intereses y facilitar la vuelta gradual de las comunidades a los mercados de deuda. La mayoría de ellas siguen enganchadas a los mecanismos extraordinarios de liquidez, unas líneas de crédito baratas del Tesoro activadas en 2012 para garantizar la financiación a los territorios más ahogados, que no lograban dinero de acreedores privados. Cataluña es quien más se ha beneficiado de estas herramientas.

La quita, incide el texto publicado por Hacienda, “reforzará” la autonomía financiera de las autonomías y, en definitiva, “su sostenibilidad financiera, avanzando así en la adaptación al nuevo marco de reglas fiscales aprobado por la Unión Europea”. “La vuelta a los mercados también persigue reforzar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas que no se enfrentan actualmente a la disciplina que exige el mercado con el control de las finanzas públicas”, añade.

Hacienda también recuerda que la medida “se rige por el principio de voluntariedad”, por lo que “las comunidades autónomas beneficiarias deberán aceptar la aplicación de esta medida en los términos que se prevean en la norma reguladora”. Esta coletilla no es baladí, puesto que la mayoría de los barones regionales —el PP gobierna 11 comunidades de 17— han manifestado su rechazo a la propuesta y han exigido de se reforme el sistema de financiación, que lleva 10 años a la espera de una renovación.

Tramitación

La propuesta de condonación fue adelantada la mañana del 24 de febrero por el líder de ERC, Oriol Junqueras, quien desgranó el importe de la quita que le tocaría a Cataluña (unos 17.000 millones), el segundo territorio más beneficiado en términos absolutos, solo por detrás de Andalucía. Poco después de que el político catalán anunciara el pacto, Montero convocó a los medios para presentar los detalles del conjunto del plan. Dos días más tarde trasladó el proyecto a los consejeros autonómicos de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (FF), el órgano que reúne al ministerio y a las comunidades para debatir asuntos vinculados con las finanzas regionales.

Ese retraso en informar a los representantes autonómicos, junto con un rechazo abierto de partida a la condonación por parte de varios grupos políticos y presidentes autonómicos, desencadenó algo nunca visto en un consejo de política fiscal: todos los consejeros del PP se levantaron de la mesa al poco de empezar el encuentro con la ministra y abandonaron la reunión. La propuesta de quita, sin embargo, salió adelante, puesto que el representante del ministerio suma la mitad de los votos del FF.

Tras la celebración de la reunión, el ministerio ha convocado comisiones bilaterales con cada comunidad y ahora toca que la norma empiece a rodar para entrar al Congreso. Se requiere que tenga rango de ley orgánica, puesto que afecta varios puntos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como subraya el documento que da paso a la consulta.