Alcaldes y empresarios de Sevilla y Cádiz alertan de que los vertidos mineros en el Guadalquivir pueden hundir su economía

Una decena de alcaldes y representantes de agricultores, pescadores y mariscadores, así como asociaciones de consumidores y las mareas blancas de médicos se han unido este miércoles a los científicos para denunciar la contaminación por metales pesados que provocan los vertidos mineros en el río Guadalquivir. “Son vertidos antieconómicos porque van contra la economía de la zona y ponen en riesgo los empleos de miles de familias en las riberas y la desembocadura”, censuran. Las críticas arrecian contra los vertidos mineros porque los sectores productivos tradicionales ligados al Guadalquivir consideran que el agua sobrante de los yacimientos pone en riesgo unos 60.000 empleos en Andalucía Occidental.

Los regidores y sectores económicos de Sevilla y Cádiz exigen al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), que intervenga para que un comité de expertos aclare el nivel de contaminación y cómo afectan los metales pesados a los peces y los alimentos regados en los márgenes del estuario con sus aguas, dado el silencio de las consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Agricultura y Salud y Consumo. Ante la polémica suscitada, los municipios, empresarios, consumidores y expertos en salud pública reclaman al Gobierno andaluz que decrete una alerta sanitaria si se confirman los niveles de metales pesados en peces detectados por los científicos en la zona cercana al vertido de agua de la minera Cobre Las Cruces, a escasos tres kilómetros de Sevilla. La empresa canadiense First Quantum tiene a la venta esa mina.

“La posición de la Junta es negacionista, niega que el Guadalquivir esté contaminado con metales y sus sedimentos están altamente contaminados, con efectos ecotóxicos sobre la biodiversidad del río”, ha criticado el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla Jesús Castillo. Este científico ha dirigido el reciente estudio junto a otros tres expertos universitarios ―incluidos otros dos catedráticos― que denuncia que los albures que habitan el Guadalquivir en la zona cercana al vertido de aguas de la minera Cobre Las Cruces están contaminados con plomo, selenio, zinc, cromo y manganeso. Los científicos, que ya denunciaron la contaminación de los sedimentos del río, han logrado ahora el respaldo de los sectores económicos que podrían verse afectados por el aumento de hasta 10 veces más en los vertidos de aguas previstos para las dos próximas décadas por Cobre Las Cruces y Aznalcóllar, dos grandes minas que prevén reactivarse en breve tras los permisos de la Junta andaluza.

“Esto no es un conflicto entre ecologistas y el empleo de la mina, va mucho más allá. Es un conflicto entre miles de puestos de trabajo y sectores que llevan miles de años en el estuario como la pesca, la agricultura y el turismo, y la contaminación de la mina. Le pedimos al presidente de la Junta que abandone su actitud negacionista y no se centre solo en el agua. La clave está en los sedimentos y lo que hace la mina y la Junta es meter la mierda debajo de la alfombra”, ha añadido Castillo durante una rueda de prensa frente a la presidencia de la Junta, en el Palacio de San Telmo.

La mina Cobre las Cruces ha vertido al estuario del Guadalquivir entre 2009 y 2023 un máximo anual de 0,9 hectómetros cúbicos de agua. Mientras, la Comisión Europea ha seleccionado esta explotación hace dos semanas entre los 47 proyectos estratégicos del continente para acelerar su autonomía en materias primas clave, en este caso cobre, plata, plomo y zinc. Juan Carlos Baquero, jefe de hidrogeología de la mina, defiende los 17.400 controles desde 2010 para analizar el agua, sedimentos y biota del río. “Tenemos exigentes sistemas de depuración y control de calidad de aguas. Todos los niveles de metales están muy por debajo de los límites que marca la normativa”, ha afirmado.

Los 10 municipios ribereños y de la desembocadura del Guadalquivir, que suman una población de 270.000 habitantes y entre los que destacan Sanlúcar de Barrameda y Los Palacios y Villafranca, exigen a Moreno en una carta una moratoria sobre los nuevos vertidos previstos, por el principio de precaución, y que nombre un comité de expertos para medir el impacto de los futuros vertidos.

En el pasado reciente, los científicos estudiaron casos controvertidos como el de la balsa de fosfoyesos junto a Huelva o los impactos del dragado de profundización en el estuario del Guadalquivir. “La contaminación genera graves consecuencias ambientales. Son esperables efectos potenciales sobre la salud humana y quedarían afectados el cultivo del arroz y otras actividades agropecuarias, la acuicultura y las actividades de pesca (…) redes de actividad económica, laboralmente de gran importancia, que quedarían en entredicho”, reza la misiva dirigida a Moreno. De momento, un portavoz de Presidencia de la Junta ha pedido tiempo para estudiar una posible respuesta.

En paralelo, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha alegado que sus técnicos estudiarán la carta de los alcaldes y sectores económicos afectados, por si es necesario mover ficha. “Haremos lo que consideren nuestros técnicos. Ya vieron que el estudio de los científicos no era concluyente y que los análisis demuestran que cumplimos los niveles de metales pesados según la normativa europea”, defiende una portavoz.

Entre los firmantes de la carta, Nicolás Fernández, secretario de la federación de cofradías de pescadores de Cádiz, ha alertado del posible efecto sobre la pesca: “Tenemos un producto extraordinario y exquisito, un potencial increíble, pero si no se pone remedio, toda esta riqueza se puede ver afectada. De momento, a nuestro mar y al estuario no llega la contaminación. Pero cuando sale una mancha, o la limpias o se va poniendo más oscura y afectará a todos los sectores económicos. Sabemos que el sector minero es muy importante, pero eso no quiere decir que jodamos nuestra tierra y futuro. Hace falta sentarse y darle solución antes de que la cosa empeore. Estamos a tiempo”. A continuación, Fernández aclaró: “No hay interés político, solo tenemos nuestro interés económico”.

En paralelo, Miguel Pérez, secretario de la organización agraria COAG en Cádiz, alertó de que “miles de hectáreas del sector agrario se verán afectadas”. “Contaminaremos las tierras durante siglos y la zona del Bajo Guadalquivir tiene una vocación exportadora con mercados internacionales muy sensibles y consumidores muy comprometidos con la salud y el medio ambiente. Es una barbaridad que el proceso istrativo de los vertidos no haya tenido en cuenta el sector agroalimentario. El vertido no debe tener alfombra roja”.

El estudio de los científicos de la Universidad de Sevilla advierte de que el 31% de las muestras de músculos de albures estaban contaminadas con niveles de plomo superiores a lo permitido por la normativa europea para la ingesta de carne de pescado desde 2019.

“La mina y la Junta de Andalucía dicen que esos metales se diluyen en el agua y salen fácilmente por la desembocadura. Sin embargo, desde la comunidad científica, sabemos que eso no es así. Los metales cuando llegan al estuario se unen a partículas, esas van a los sedimentos en el fondo, y estos ya están gravemente contaminados con metales pesados desde La Algaba hasta Coria del Río [unos 20 kilómetros del estuario] hemos demostrado que los albures acumulan metales. Además, algunos niveles de metales potencialmente muy tóxicos como arsénico o el zinc, también son altos en la desembocadura del Guadalquivir”, ha concluido Castillo.