La industria militar española se prepara para digerir una lluvia de millones tras años de sequía

España es la cuarta economía de la UE y la quinta de Europa. Sin embargo, en el ranking de las mayores empresas militares europeas, la primera española es el astillero público Navantia, en el puesto 21, cuya facturación no llega al 5% de la primera, la británica BAE. Entre las 100 primeras compañías armamentísticas del mundo, según la clasificación de Defense News, solo hay dos españolas, Navantia e Indra, con los números 74 y 86, respectivamente. La 13 es la aeronáutica Airbus, pero apenas un 4% de la misma está en manos españolas.

La consolidación de una potente industria nacional de defensa no ha sido una prioridad de los sucesivos gobiernos en las primeras décadas de este siglo. Entre 2008 y 2018, la inversión militar estuvo congelada y el presupuesto de defensa cayó en términos reales, lo que llevó a muchas empresas al borde del cierre por inanición. Algunas de las principales compañías españolas de armamento se vendieron: Santa Bárbara, la histórica fabricante de armas para el Ejército de Tierra, a la estadounidense General Dynamics (2001): la firma de motores ITP a la británica Rolls-Royce (2016) y la de munición Expal a la alemana Rheinmetall (2023), entre otras.

Los expertos subrayan que España tiene un rico tejido industrial de defensa, con unos 30.000 empleos directos, que en 2022 facturó casi 7.500 millones de euros, pero está muy fragmentado, y más del 80% de las casi 400 empresas que lo conforman son pymes que se disputan un mercado nacional hasta ahora escuálido y carecen de músculo financiero para competir en el exterior, Pese a ello, el 70% de su producción se vende fuera, lo que hace de España el octavo exportador mundial de material militar. En parte se debe al sector aeronáutico, que factura el 60% del total, mientras que el auxiliar es el que reúne a más empresas, 183.

La situación ha empezado a revertirse en los últimos años, con la aprobación de la Estrategia Industrial de Defensa en 2023, cuando el presupuesto militar creció un 26%, y la creación de una dirección general de Estrategia e Innovación en el Ministerio de Defensa en 2024. “Quizá el modelo ganador para España no es el de construir un campeón nacional a base de adquisiciones para ganar escala, sino actuar como una industria coordinada y colaborativa a nivel europeo”, señala la consultora Accuracy. Una receta más fácil de prescribir que de aplicar.

El pasado 28 de marzo, el presidente Pedro Sánchez recibió en La Moncloa, por separado, a los principales directivos de las empresas de defensa y seguridad, primero, y de espacial y telecomunicaciones, después. Les anunció el plan del Gobierno para llegar al 2% del PIB en gasto militar este año y les instó a invertir para aprovechar la meteórica escalada de los presupuestos de defensa en toda Europa.

El único empresario que repitió en ambos encuentros fue el nuevo presidente de Indra, Ángel Escribano. La compañía que preside Escribano (de la que la sociedad pública SEPI tiene el 28% y Amber Capital, principal accionista de Prisa, editora de EL PAÍS, otro 7,24%) es la apuesta del Gobierno para contar con un campeón nacional que pueda llegar a codearse de igual a igual con los gigantes europeos en la mesa de negociación. El Ministerio de Defensa encomendó a Indra liderar la participación española en el programa FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate), el más ambicioso proyecto militar europeo, para disgusto de Airbus; y ha tomado el control de Tess Defence, el consorcio que fabrica el blindado 8x8 VCR Dragon, con el encargo de poner orden en un contrato que acumula retrasos e incumplimientos.

El idilio entre Sánchez y Escribano se inició en 2020, cuando en plena pandemia su fábrica de Alcalá de Henares (Madrid) pasó en tiempo de récord de producir piezas de artillería a respiradores. En un momento en que los países se guardaban celosamente los equipos de los que dependía la vida o la muerte de los enfermos y prohibían su venta a terceros, se evidenció la necesidad de contar con una base industrial flexible y autónoma. La historia de EM&E, la empresa de los hermanos Escribano, Ángel y Javier, es la de un taller de mecanizado heredado del padre y convertido en pocas décadas en una de las empresas punteras de defensa. Los hermanos se convirtieron en los segundos mayores accionistas de Indra y, en enero pasado, Ángel pasó a presidir la tecnológica con participación pública.

Su éxito ha provocado recelos. El anuncio de que Indra estudia absorber la empresa familiar de su presidente (EM&E) se mira con lupa en el sector y GDELS (General Dynamics European Land Systems)-Santa Bárbara Sistemas ha rechazado de plano su oferta para comprarle la planta de Trubia (Asturias). Con la creación de Indra Land Vehicles, la tecnológica española quiere fabricar vehículos militares completos, y no solo componentes, en competencia directa con GDELS-Santa Bárbara, la filial europea de la multinacional estadounidense con sede en Madrid. Además, Indra planea entrar en la construcción de satélites, un campo en el que España está fuera de juego, mientras las europeas Airbus, Thales y Leonardo avanzan en la fusión de sus negocios espaciales para competir con la estadounidense Space X, del magnate Elon Musk.

GDELS-Santa Bárbara, que no fue invitada a la reunión de Pedro Sánchez con los directivos de la industria de defensa pese a su tradicional vinculación con el Ejército de Tierra, ha pasado a la contraofensiva y ha anunciado que presentará a la Oficina Económica de La Moncloa y al Ministerio de Defensa “un plan industrial y tecnológico para España alineado absolutamente con los objetivos marcados” por el Gobierno. El presidente de GDELS, Antonio Bueno, ha propuesto crear una plataforma tecnológica en Asturias, junto a los demás socios de Tess Defence (Indra, EM&E y Sapa), para los países de la UE y la OTAN. Además, ha iniciado una ronda de reuniones con los presidentes autonómicos de Aragón, Asturias y Andalucía, Jorge Azcón, Adrián Barbón y Juan Manuel Moreno; y ha fichado a la agencia de comunicación de Iván Redondo, mano derecha de Pedro Sánchez en La Moncloa hasta julio de 2021.

El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, informado el pasado 22 de abril por el Consejo de Ministros, prevé inyectar 10.471 millones de euros para llegar al 2% del PIB en gasto militar este mismo año, adelantando en cuatro la fecha prevista. El plan incluye una partida de 3.807 millones para lanzar 31 nuevos programas de modernización de las Fuerzas Armadas, que se sumarán a los 56 en curso. El 57,3% de los fondos se dedicarán a inversiones industriales y tecnológicas; el 80% se gastará en España y el 90% en la UE, según el Gobierno.

Los expertos dudan de que se pueda ejecutar un presupuesto tan abultado en poco más de medio año. A la tramitación burocrática de los contratos se añade la necesidad de que las empresas se preparen tecnológicamente para asumir los encargos, abriendo nuevas líneas de producción o ganando capacidades de las que carecen. Tras años de anemia, ahora se acumulan los pedidos, con largas listas de espera para comprar misiles o munición. Para la industria militar, los años de las vacas gordas han llegado: según un reciente sondeo a directivos del sector realizado por Infodefensa, casi el 60% tiene expectativas “muy positivas” sobre la evolución de su compañía en los próximos años; el resto, “moderadamente positiva”. Ya no hay agoreros. A partir de este lunes, durante tres días, la cuarta edición de la Feria Internacional de Defensa (FEINDEF) reunirá en Madrid a 500 expositores con las últimas novedades militares. Un tercio de ellos han venido desde fuera de España, cinco veces más que en la última edición, hace dos años.