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El Govern reforzará con más personal el Incasòl y la Agencia de Vivienda para afrontar el plan de los 50.000 pisos

La promoción y gestión de los apartamentos que se sumarán al parque público supondrán una carga extra para las dos empresas públicas

Pisos públicos en construcción en Barcelona

La Generalitat reforzará las plantillas de las dos empresas públicas para las que el plan de vivienda del president Salvador Illa supondrá una carga extra de trabajo: la Agencia de la Vivienda y el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). Las dos dependen del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, cuya consellera, Sílvia Paneque, ha explicado a este diario que en las próximas semanas sacará “convocatorias para incorporar a unas 30 personas”. La suma en los próximos años de 50.000 pisos al parque público de vivienda (entre obra nueva, compras o convenios), aumentará las necesidades tanto de gestión y tramitación de suelo y delegación de la construcción; como, en el futuro, la gestión y mantenimiento de los alquileres que se crearán. Si se materializa el plan previsto para 2030, supondrá doblar el actual parque de vivienda pública. “Hay tres retos”, detalla Paneque: “La gestión de los solares; tramitar las cesiones de los ayuntamientos y la generación de nuevo suelo para vivienda; y la futura gestión y mantenimiento del parque que se incorpore”.

El Incasòl y la Agencia sufrieron en 2011 y 2012 los recortes de la istración del entonces Govern de Artur Mas (CiU), que planeó despedir a unos 1.500 trabajadores laborales de las empresas públicas. En un contexto de jibarización de los servicios públicos, la reducción de personal se hizo aplicando la reforma laboral del PP, que redujo las indemnizaciones a 20 días por año trabajado. En el Incasòl varios expedientes de regulación de empleo (ERE) afectaron a unas 200 personas coincidiendo con la crisis posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria: la construcción frenó en seco. El conflicto laboral se alargó en los juzgados y hubo despedidos que recurrieron contra la istración, ganaron y tuvieron que ser reitidos. Según datos oficiales que constan en el banco de datos de empleo público, en 2023 el Incasòl tenía 254 trabajadores, la inmensa mayoría laborales, una cifra que hoy se eleva a 294, según fuentes sindicales.

Precisamente para afrontar el plan del actual ejecutivo catalán, el Incasòl acaba de fichar al arquitecto y experto en urbanismo Jaume Vendrell como director. Con una trayectoria vinculada a varias istraciones públicas, Vendrell capitaneará la empresa de la Generalitat cuando el Govern ha anunciado su plan. La plaza de director del organismo la ocupó de forma interina Agustí Serra tras la polémica salida de Maria Sisternas durante la pasada legislatura, con ERC al frente de la Generalitat y el departamento de Territorio. El Incasòl tiene competencias en materia de planeamiento urbanístico y puede actuar como titular de suelo (para vivienda pero también otros usos, como industrial) y la legislación en materia de vivienda le atribuye la promoción de vivienda de la Generalitat. También es la empresa pública ante la que se depositan las fianzas de los contratos de alquiler.

Con el plan de Illa, de entrada, la principal tarea que está asumiendo el Incasòl es la relación con los Ayuntamientos que han mostrado su voluntad de ceder suelo (o prepararlo para que sea urbanizable), para lo que es necesario revisar documentación y redactar los convenios de cesión para que se pueda construir. Tras muchos años de parón, fuentes de la plantilla celebran que la empresa reanude la actividad y protagonismo de otras épocas, para lo que ya han sido informadas sobre las nuevas incorporaciones. Piden, eso sí, que sean contrataciones indefinidas, porque ahora parte de la plantilla es temporal.

En el caso de la Agencia, los recortes de la época de la austeridad en los servicios públicos fueron menores, porque su actividad incluye tareas estructurales no vinculadas a la coyuntura económica, como la gestión del parque público, de las ayudas, la rehabilitación de viviendas, la promoción delegada de vivienda pública, calidad de la edificación, servicios jurídicos, y más recientemente servicios como Ofideute o las Mesas de viviendas de Emergencia. La Agencia tiene dos sedes en Barcelona y sedes territoriales en Girona, Tarragona y Terres de l’Ebre. A 31 de diciembre de 2024, según los datos oficiales, tenía 533 empleados.

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