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Nacho Cano demanda por “injurias” y “calumnias” a la becaria que lo denunció

El promotor propone un acto de conciliación previo a una querella en respuesta a la nueva denuncia presentada por la bailarina contra él por “detención ilegal”

Nacho Cano, a las puertas de los juzgados de la plaza de Castilla en Madrid, el pasado abril.
Patricia Ortega Dolz

Pese al archivo provisional de la causa contra el compositor Nacho Cano de la Audiencia Provincial de Madrid, el caso no parece cerrarse sino recrudecerse. Tras conocer que Lesly Ochoa, la becaria mexicana que lo denunció por irregularidades en su contratación como bailarina de su espectáculo Malinche, había presentado otra denuncia contra él por “detención ilegal”, el excomponente de Mecano responde ahora con un nuevo ataque: ha presentado una demanda de conciliación (previa a una querella) contra ella por “injurias” y “calumnias”, según confirma un portavoz del promotor musical.

“Lesly Guadalupe Ochoa ha realizado reiteradas manifestaciones públicas en medios de comunicación y redes sociales que atentan contra el honor y la dignidad de Nacho Cano. En sus declaraciones, difunde graves imputaciones de hechos falsos y ofensivos”, alegan las mismas fuentes.

“El 14 de mayo de 2025, la revista Lecturas publicó una entrevista a Lesly Guadalupe Ochoa, en la que sus afirmaciones atentan de manera directa contra el honor, la reputación y la dignidad de Nacho Cano por lo que lleva a los abogados del compositor a interponer una demanda previa a interposición de querella por calumnias", argumentan.

Ochoa y su abogado, Alfredo Arrién, solicitaron la semana pasada la reapertura del procedimiento al considerar que pudo existir un delito de “detención ilegal”. Para ello, aportaron una serie de grabaciones en vídeo realizadas por la bailarina antes de interponer la denuncia que dio lugar a este caso en la comisaría de Centro de la capital en enero de 2024.

“El procedimiento se archivó provisionalmente, a pesar de que había diligencias de investigación acordadas y citadas, porque la Audiencia Provincial consideró que no había prueba suficiente para continuar con la investigación del delito, algo que nunca había visto en 18 años de ejercicio, cerrar tan abruptamente una instrucción”, señala Arrién. “Por tanto, la provisionalidad del archivo lo que indica no es que no haya habido delito, sino que no se ha podido probar, pese a haber pruebas pendientes, por lo que la denuncia de Lesly no es injuriosa”, insiste.

Carpetazo de la Audiencia

Tras el carpetazo que la Audiencia le dio a la investigación desarrollada por la jueza del juzgado de instrucción número 19 de la plaza de Castilla por considerarla “prospectiva” y “sin base penal”, Lesly Ochoa quiso exponer las situaciones de encierro que vivió al mostrar su desacuerdo a los responsables Malinche con la situación en la que se encontraban “trabajando” en Madrid.

No tenían ni contrato de trabajo, ni visado, ni permiso de estudios, y habían entrado en España como turistas, aleccionados por del equipo de Nacho Cano, según los WhastApp incluidos como prueba en el procedimiento y en el atestado policial, donde se les acusaba de “favorecimiento de la inmigración irregular” y de “un delito contra los trabajadores extranjeros”.

Por su parte, Cano y los otros tres componentes de su equipo, acusados de los mismos delitos, defendieron en todo momento que estaban siendo víctimas de una persecución político-policial por su amistad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que salió desde que se conoció la investigación a defender al productor musical y cuestionó a la policía.

En su momento, Ochoa aportó a la Policía itinerarios, mensajes e información. Dijo que compartían habitaciones de cuatro en cuatro, que solo les pagaban un menú de 10 euros al día siempre en el mismo restaurante, y que tenían que costearse tanto el desayuno como la cena; que les daban una paga de 20 euros el fin de semana y se les pagaba mensualmente 300 euros, que posteriormente subieron a 500.

Advirtió a los agentes de que trabajaban, ensayando, de 9.30 a 19.30 de lunes a sábado, incluso algunos domingos también tenían que ir a algunos actos y participar a discreción de los responsables. Y, si querían ganar más dinero, debían de trabajar poniendo copas en el bar Canalla, situado a la salida de la función de Malinche.

La inspectora de trabajo realizó un informe al respecto que obligó a repetir la jueza. La magistrada concluyó en uno de sus autos que la funcionaria no investigó ni comprobó la actividad de los supuestos becarios, ni quiénes eran sus profesores, ni cómo se gestionaban sus “estudios”. La Audiencia, en cambio, recriminó la labor investigadora de la jueza y la acusó de realizar una instrucción “prospectiva” y “sin base legal”, acordando el archivo provisional del caso el pasado 25 de abril, cuando todavía quedaban diligencias por realizar.

Nacho Cano, al considerar que había ganado el pleito, amenazó públicamente con poner una querella a la magistrada, pero finalmente la ha puesto contra su supuesta becaria. En sus distintas apariciones públicas, la bailarina, que sigue en Madrid como solicitante de asilo, hizo referencia al mal trato recibido por los directores de la compañía. Incluso aludió a esas posibles retenciones o encierros, que trata de mostrar con los vídeos ahora aportados, cuando quería llamar a su madre para informarle de la situación que estaba viviendo.

Su abogado ha solicitado por ello la nulidad del archivo y que se reabra el procedimiento para que se investiguen esas situaciones al considerar que puede haberse cometido un delito de “detención ilegal” contra su defendida. Y Nacho Cano pide ahora un acto de conciliación.

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".
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