La trinchera de Barajas: así chocan Sánchez y Ayuso por la gestión en el aeropuerto de la covid, los menores migrantes y ahora los sin techo

La crisis abierta por la presencia de cientos de personas sin hogar que pernoctan en el aeropuerto de Barajas ha vuelto a convertir a esta infraestructura en una trinchera del choque permanentemente que mantienen las istraciones de Madrid (dominadas por el PP) con la central (PSOE y Sumar). Primero llegó el encontronazo por los controles a los viajeros en plena pandemia, cuando la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, intentó explicar las cifras de contagios y muertes de la región con el argumento de que el aeródromo era “un coladero”, lo que no reflejaban las estadísticas. Luego, el desencuentro fue por los menores migrantes no acompañados que llegan a la región capital por esa vía. Y ahora, el pulso es por dirimir quién debe atender a los cientos de personas sin hogar que duermen en la T-4: si Ayuso dice que “la mayoría” son solicitantes de asilo, para señalar al Estado, el ministro Óscar Puente lo niega para apuntar a las autoridades locales (“Son pobres desatendidos por Madrid. Punto”).

Dos expertos consultados por este diario no tienen dudas: la competencia es del Ayuntamiento (PP). Pero los conservadores niegan la mayor.

“Ayuso y Almeida utilizan el Aeropuerto de Madrid para culpar al Gobierno de los problemas que no pueden o no quieren solucionar, desde los riesgos del covid hasta el deterioro de las condiciones de vida de las personas sin hogar”, defiende Manuela Bergerot, líder en la Asamblea regional de Más Madrid, un partido integrado en el ejecutivo central a través de Sumar. “El PP está abonado a la teoría del caos porque es un agente del caos: quiere deteriorar la situación de Barajas para culpar al Gobierno de España, cuando estamos ante un caso claro de inhibición de las propias responsabilidades de Almeida y Ayuso, que tienen las competencias para gestionar y financiar los servicios sociales, los albergues y la ayuda inmediata a las personas en situaciones de vulnerabilidad”.

Frente a este planteamiento, esto contrapuso la propia Ayuso a principios de mayo: “Son instalaciones que dependen de AENA, y si uno quiere, lo arregla. Es que no se quiere arreglar, como tantas cuestiones que pasan en el aeropuerto”.

“Desde el PP de Madrid hemos echado en falta una mayor implicación del Gobierno y los distintos ministerios que tienen competencia”, abundan ahora en la formación conservadora. “Aena es una empresa pública que depende del Ministerio de Transportes. La Comunidad de Madrid no tiene competencia directa para actuar en el aeropuerto, puesto que son instalaciones de otra istración”, aseguran. Y tras recordar que se ha pedido un censo de afectados, para aclarar sus circunstancias, iten: “La casuística de cada persona puede determinar qué istración debe asumir cada caso. Nos consta que hay casos de personas que llegan en vuelos y luego no tienen a dónde ir”.

En cambio, Ana Lima, concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid, argumenta en un documento redactado por ella misma que “la competencia es principalmente municipal, pero requiere coordinación con las istraciones autonómica y estatal”. Así, cita por ejemplo el artículo 148.1. 20ª de la Constitución Española de 1978, donde se establece que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de “asistencia social”, y recuerda que “la Comunidad de Madrid, así como el resto de las comunidades autónomas asumieron en sus respectivos estatutos de autonomía la competencia exclusiva en materia de servicios sociales”. “El ayuntamiento [al que AENA ha requerido para que actúe] atiende desde los criterios de proximidad, no obstante, requiere de ser complementado con las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de servicios sociales, inclusión social, vivienda y la coordinación de otros recursos de protección social”, desarrolla Lima en su informe.

El documento, presentado por la entidad religiosa Mesa de la Hospitalidad —integrada por Cáritas—, señalaba también la responsabilidad de la Comunidad. “Cuando se trata de personas en situación de exclusión crónica o sinhogarismo de larga duración, corresponde a la Comunidad activar recursos como pisos de inserción, formación o empleo protegido en coordinación con los servicios municipales”, podía leerse.

Y así, la lucha partidista sigue mientras los problemas se acumulan sin que lleguen las soluciones.

Von der Leyen

16 de octubre de 2020. La presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya ha hecho pública una carta de su gobierno dirigida a Moncloa proponiendo un puesto de test del Summa-112 en el aeródromo, lleva más lejos que nunca su choque con el gobierno por Barajas al escribirle una misiva a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El resumen: si la covid ha vuelto a golpear Madrid con dureza tras la tregua del verano, se debe a la falta de controles en el aeropuerto internacional.

Sin embargo, desde el 11 de mayo de 2020 al 30 de mayo de 2021, se habían detectado un total de 824 casos importados confirmados con infección activa por covid-19 en la Comunidad de Madrid, según el informe semanal que elaboraba la Consejería de Sanidad. A ellos se añadirían unos 3.000 asintomáticos, según estimaciones de la Consejería. Frente a esos datos, en Madrid se habían detectado más de 734.000 contagios. Una cifra que se multiplica al tener en cuenta los asintomáticos que no han sido registrados en la estadística. Datos, defendió el gobierno, que ponían en duda la tesis de Ayuso, puesto que los contagios de Barajas no representaban ni el 1% del total. Pese a ello, el PP abrió una comisión de investigación al respecto en la Asamblea para desgastar al gobierno.

“Precisamente la referencia a la pandemia nos ilustra de hasta qué punto no se puede intervenir libremente en el aeropuerto”, dicen los conservadores, que argumentan que si entonces no pudieron poner los controles que querían, ahora tampoco pueden hacerse cargo de las personas sin hogar.

Dos situaciones que muestran que el choque a través de Barajas entre la istración regional y la estatal es constante. Y se puede medir a través de misivas.

El 3 de abril de 2024, la consejera Ana Dávila, titular de Políticas Sociales, se dirige al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Se queja de que el aeropuerto se ha convertido en “escala habitual de personas, procedentes principalmente de África, que en muchos casos se declaran menores, sin serlo, para utilizar nuestro sistema como albergue y tránsito a otros emplazamientos”, lo que, unido a la llegada de menores de Canarias, “está tensionando al máximo nuestro sistema de protección”.

En julio de ese año, Dávila repite la protesta, y vuelve a un clásico del PP: Barajas es un “coladero”. En todo 2024, más de 1.000 menores no acompañados llegaron a la región por el aeropuerto, según datos de Madrid.

Ya en febrero de 2025, la consejera de Ayuso se dirige al director del aeropuerto para argumentar que las istraciones madrileñas ya hacen todo lo que pueden y deben con los sin hogar de Barajas, y que “la solución pasa porque la istración General del Estado asuma su responsabilidad”.

Pero mientras las cartas van y vienen, las personas sin hogar siguen en Barajas, añadiendo a su duro día a día la penalidad de ser ahora objeto de la lucha entre istraciones.

Así lo ven en Vox: “Queremos soluciones, es espantoso que se pasen la emergencia uno a otro, mientras eluden sus responsabilidades y no asumen sus competencias. Como pasó con la catástrofe en Valencia, con Filomena y con el apagón”.