La Airef recorta su previsión de PIB y cuestiona el optimismo del Gobierno sobre el impacto de la guerra arancelaria

La Autoridad Fiscal ha revisado este miércoles a la baja sus previsiones de crecimiento para España en los próximos años, y lo ha hecho marcando distancia con el diagnóstico que trazó el Gobierno hace apenas dos semanas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que el producto interior bruto (PIB) crecerá un 2,3% en 2025 y un 1,7% en 2026, dos y tres décimas menos, respectivamente, que en su último pronóstico. Es un escenario que se aleja de las tasas de avance del 2,6% y el 2,2% que mantiene el Ejecutivo pese a la ofensiva comercial de Estados Unidos.

La rebaja que proyecta la Airef respecto a su último escenario se debe en buena medida al deterioro del saldo exterior provocado por la guerra comercial impulsada por la istración estadounidense de Donald Trump, un riesgo que, según señala la presidenta de la institución, Cristina Herrero, no puede obviarse en los escenarios macroeconómicos.

Según la situación que maneja la Autoridad Fiscal, el golpe sobre la economía española será más profundo de lo que estima el Gobierno, que considera que la fortaleza de la demanda interna y la inversión bastará para compensar el bache originado por la situación de incertidumbre. “La diferencia con el Gobierno es que ellos piensan que la demanda interior podrá solventar esa caída, pero eso la Airef no lo comparte, al menos con el ritmo que prevé el Ejecutivo”, apuntó Herrero.

El Ministerio de Economía, en el informe de seguimiento del Plan Fiscal enviado a Bruselas el pasado 30 de abril, explicó que la guerra comercial restaría una décima al crecimiento del PIB en 2025. Sin embargo, según sus estimaciones, ese agujero se compensaría con holgura a través del tirón del consumo privado y de la inversión, por lo que la proyección de crecimiento, del 2,6%, se mantuvo inalterada. “Esa es una visión que nos parece muy optimista”, señaló Esther Gordo, directora de la División de Análisis Económico.

La Airef, por ello, proyecta un crecimiento más moderado, alertando de que los factores de inseguridad externa pesan sobre la economía más de lo que en un principio podía parecer. Eso no quita, reconoce la Autoridad Fiscal, que España vaya a salir mejor parada de la situación de incertidumbre. La demanda interna seguirá creciendo y el PIB avanzará un 1,5% en 2027.

Más allá del crecimiento del PIB, la Airef también discrepa con el Ejecutivo sobre la evolución de las finanzas públicas. Aunque comparte que el déficit público se mantendrá por debajo del umbral del 3% del PIB durante el horizonte de proyección, es decir, hasta 2028, alerta de un empeoramiento de la senda a partir de 2026.

En los próximos dos años todavía se registrará una mejora del saldo presupuestario, pero luego comenzarán a sentirse las presiones estructurales: el aumento del gasto en intereses por el mayor coste de financiación, la inversión pública, el aumento del gasto en defensa y el impacto del envejecimiento de la población. Todo ello lastrará la capacidad de consolidación fiscal y ralentizará el descenso de la deuda pública, que aunque seguirá bajando, lo hará a un ritmo menor debido a la menor expansión del PIB nominal y al déficit primario.

Las discrepancias entre los dos cuadros macroeconómicos, al menos en la teoría, no deberían suceder, ya que el Gobierno debe tener el aval de la Autoridad Fiscal al presentar sus proyecciones. ¿Qué ha sucedido esta vez? Herrero explicó que el Ejecutivo ha incorporado la actualización de sus proyecciones en el informe de seguimiento del plan, un trámite en el que no es obligatorio solicitar la luz verde de la Airef.

“Es un informe ex post, no ex ante. Aunque formalmente no sea preceptivo el aval, sí que hubiera sido deseable una consulta o un debate técnico”, lamentó Herrero. El último cuadro macroeconómico para el que el Gobierno pidió el visto bueno de la Airef fue el publicado en septiembre de 2024. En aquel momento, recordó Gordo, el horizonte de proyección llegaba solo a 2026 y la situación geopolítica y económica era muy diferente a la actual.

En el marco de las nuevas reglas fiscales europeas, que ponen el foco en el crecimiento del gasto público neto, la Airef cree que España aún tiene algo de margen a corto plazo, pero que necesitará apretarse el cinturón a partir de 2027 si quiere seguir cumpliendo.

Gracias a que en 2024 el gasto fue menor del previsto, en parte por la falta de presupuestos, el Gobierno ha ganado cinco décimas de PIB (unos 7.500 millones) en la cuenta de control que podrán usar más adelante como colchón, según las reglas de la UE. Pero ese margen podría desaparecer pronto: el Ejecutivo prevé que el gasto público crezca un 4,1% en 2025, sobre todo por el aumento en gastos de defensa, y la Autoridad Fiscal cree que en realidad subirá aún más, hasta un 4,5%, agotando casi todo ese espacio adicional y quedándose al límite del código de conducta que se incluye en el reglamento de las reglas fiscales europeas. Con este escenario, la Airef considera que no hará falta tomar medidas extra en 2026, pero sí en los años siguientes.

Una maniobra “no deseable”

En todo este galimatías hay que prestar especial atención al desembolso en defensa, un gasto potencial que supone un “riesgo al alza”, según Gordo, y que debe situarse al mismo nivel que la incertidumbre comercial. España se ha comprometido a elevar el gasto militar al 2% del PIB antes de final de año y la OTAN presiona para que esa rúbrica ascienda aún más hasta casi el 3% del PIB. En esta línea, Herrero recordó lo mismo que avanzó en el Congreso durante la tarde del pasado lunes: el incremento de la inversión militar tendrá efectos en el gasto público, en el déficit y en la deuda. La institución calcula que el aumento del gasto en este capítulo también contribuirá a alimentar la economía, pero con un multiplicador inferior a uno. Es decir, que por cada euro invertido, la actividad crecerá algo menos.

Aunque el Ejecutivo sostenga que estas inversiones pueden absorberse y quedar inocuas en términos fiscales mediante una reorientación presupuestaria, en realidad se utilizarán partidas que no estaban destinadas a ejecutarse en 2025, lo que implicará un impacto directo en las cuentas públicas. Son partidas que, en un principio, no pensaban ejecutarse y que ahora sí. Por lo tanto, aunque la fórmula esté permitida, “sin duda” va a suponer un aumento del déficit, del gasto y de la deuda. “El contrafactual no es el presupuesto, sino la ejecución que se pensaba hacer de ese presupuesto”, dijo Herrero, que añadió que la maniobra del Gobierno, pese a ser legal, “no resulta deseable” por ser una reforma encubierta de la Ley General Presupuestaria.