La oficina antiaborto del Ayuntamiento de Sevilla, que dirige Vox, empieza a funcionar a hurtadillas

Una placa con el logotipo del Ayuntamiento de Sevilla y el rótulo, Oficina de atención a la maternidad, indica que en el edificio municipal amarillo albero junto a la estación de autobuses de Prado de San Sebastián se ubica este recurso, una concesión a Vox del PP, que gobierna en minoría la capital andaluza, para poder sacar adelante los presupuestos locales.

Más allá del cartel no hay ninguna otra señal en el interfono del portal que ayude a localizar dónde se prestan desde hace una semana unos servicios que, de acuerdo con la portavoz de la formación de extrema derecha en el consistorio hispalense, María Peláez, permitirán “ayudar y solventar los problemas a las mujeres embarazadas, para que la maternidad no sea nunca un problema para ellas” y dar respuesta a “la baja natalidad”, que en Sevilla tiene un crecimiento negativo desde 2015, de acuerdo con la web municipal que publicita esta oficina. Para la oposición y los movimientos feministas y sociales andaluces se trata de una “oficina antiaborto que atenta contra los derechos básicos de la mujer”.

Más allá de la inauguración oficial que tanto el alcalde, José Luis Sanz, como la portavoz de Vox protagonizaron el 24 de abril, poco más se sabe de qué se hace exactamente en esa oficina, cuántas mujeres han pasado por allí o qué asesoramiento han solicitado. Cuando se logra acceder al edificio, otra placa similar a la de la entrada, esta vez sobre la puerta cerrada de un bajo permite identificar dónde se encuentra la oficina. No hay nada más. Ni un horario que indique las horas que está abierta a al público o un teléfono al que llamar. La mujer que abre, que se identifica como técnica, deriva al Ayuntamiento para tener respuestas a esas preguntas.

Fuentes municipales indican que la recopilación de su tarea se realizará cuando pase un mes y que, dependiendo de la actividad que ese espacio, irá dotando de más personal. De momento, solo están trabajando allí, la directora de la oficina, María Pastor, designada por Vox, una abogada antiabortista que fue como número tres en las listas del Senado por Sevilla del partido de extrema derecha, y un funcionario con carácter istrativo ―está previsto que en el futuro se incorpore otro funcionario más, pero dependerá de la evolución de la entidad, precisan las mismas fuentes―.

Otros interlocutores, conocedores del funcionamiento de este nuevo servicio, reconocen que se ha inaugurado de manera prematura por deseo del partido de Abascal, que había exigido que uno de sus proyectos estrella estuviera funcionando en las fechas que se anunciaron, y que ni siquiera está lista la cartelería.

Esta oficina, que depende de la Concejalía de Educación, Juventud y Edificios Municipales, tiene un presupuesto de 165.000 euros que ha sido detraído de partidas que antes estaban destinadas a la cooperación y desarrollo, al colectivo de migrantes y a programas de Igualdad desarrollados por los sindicatos UGT y CC OO, otra de las condiciones impuestas por Vox al alcalde popular para aprobar las cuentas municipales. De esa cantidad, el 35% se destina al sueldo bruto de Pastor, un cargo de libre designación que ocupa el puesto de Dirección de Asesoría y que, de acuerdo con las retribuciones del consistorio de 2024, percibe un sueldo anual de 58.532,88 euros.

“Este es el pago del PP a Vox para tener presupuestos en el Ayuntamiento de Sevilla y, aunque sea lo menos relevante, solo el salario que cobra la responsable demuestra que se trata de una medida ideológica, porque es un agravio comparativo lo que percibe con lo que cobra cualquier trabajadora social de un centro de la mujer”, indica Andrea Barbotta, antigua vicepresidenta y ahora vocal del Consejo Andaluz de Participación de la Mujer.

Barbotta expresa uno de los muchos argumentos que han esgrimido cerca de 40 colectivos de la sociedad civil sevillana y andaluza en un manifiesto que muestra su oposición a la nueva oficina del consistorio hispalense. “Esta iniciativa no puede ser más que calificada como una agresión a los derechos fundamentales de las mujeres y de otras personas con capacidad gestante”, empieza el comunicado.

Desde que se conoció el contenido del acuerdo entre PP y Vox para los presupuestos municipales, el alcalde de Sevilla ha rehuido hablar de concesiones ideológicas. En la propia página web se hace hincapié en que este nuevo espacio “no es una oficina contra nada, sino a favor de aquellas mujeres embarazadas que han tomado libremente la decisión de tener a su hijo y que, por la circunstancia que sea, necesiten ayuda”.

“No se va a adoctrinar a una mujer para que no aborte”, aseguran las fuentes consultadas, que insisten en que en este servicio solo se informará de las ayudas municipales y autonómicas de apoyo a la maternidad y se ofrecerá atención psicológica, siempre dentro de los servicios asistenciales que ya ofrece la istración. Cuando se pregunta si esa ayuda no se ofrecía ya por parte del consistorio, precisan que sí, pero que no desde el paraguas integral de apoyo a la maternidad.

El silogismo perverso

Sin embargo, la líder de Vox en Sevilla sí que impregna del barniz ideológico el objetivo de esa oficina. “Hemos estado mucho tiempo promoviendo en Sevilla la cultura de la muerte, del aborto, y esto es fomentar la de la vida”, recalcó Peláez en la presentación. La formación ultra contrapone el descenso de la natalidad en la ciudad, que ha caído en casi el 30% en la última década, de acuerdo con los últimos datos del INE correspondientes a 2024, con el incremento de abortos.

La provincia sevillana es donde más interrupciones voluntarias del embarazo se practican de la comunidad, 4.960 en 2024 ―el 25% de toda la región―, de acuerdo con los datos de 2023 recogidos por el Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía realizado con las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad, pero su número apenas ha subido en 331 desde 2014. Andalucía es la sexta región donde más interrupciones voluntarias del embarazo se realizan.

Esta relación entre descenso de la natalidad y las interrupciones voluntarias del embarazo es un silogismo utilizado por las formaciones de ultraderecha y las organizaciones provida para cuestionar el derecho al aborto, pero que desde la Sociedad Andaluza de Contracepción se pone en duda.

“No son las mismas personas las que abortan que las que tienen deseo genésico, porque las tasas de abortos se dan en poblaciones de mujeres jóvenes porque se trataba de un embarazo no planificado o deseado, mientras que las que quieren tener un hijo retrasan el momento a los 32 años, que es la edad por la que vamos en el primer embarazo, por la situación económica o porque no disfrutan de mayor estabilidad para tenerlo antes”, indica su presidenta, María Jesús Alonso.

Soledad Pérez, abogada feminista y exdirectora del Instituto Andaluz de la Mujer, advierte de cómo este tipo de oficinas, que se han abierto en otros países ―en EE UU se las denominan centros de crisis― y que en España ya existe en Alicante, “bajo la apariencia de acompañamiento, desinforman, presionan o culpabilizan a mujeres en situación de vulnerabilidad”.

“La reflexión que debemos hacernos es más profunda, si las mujeres no pueden ser madres a la edad y en la forma que desean es porque la igualdad, la corresponsabilidad y las políticas de apoyo al empleo siguen siendo deficitarias, porque seguimos queriendo que las mujeres sean madres, pero sin preguntarnos si pueden serlo”, advierte.